El ministro del Interior, José Díaz, está estudiando cómo realizar el operativo
Por orden directa del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso, actualmente recluidos en Cárcel Central, serán trasladados al Módulo 1 del Complejo carcelario Santiago Vázquez (Comcar).
El cuarto hermano, Juan, sindicado por la Justicia como el responsable de la operativa fraudulenta en el Banco Montevideo-Caja Obrera y en el Trade Commerce Bank, sigue prófugo. Anoche, al cierre de esta edición LA REPUBLICA recibió la información de que Jorge Peirano Basso ya había sido sacado de Cárcel Central, aunque la versión no pudo ser confirmada.
El ministro del Interior, José Díaz, está estudiando cómo proceder al traslado de los banqueros, y el director de Cárceles, Enrique Navas, tiene como cometido acondicionar el lugar para recibir a los nuevos huéspedes.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia se pronunciará seguramente después de Semana de Turismo sobre el pedido de libertad provisional por gracia formulado el pasado 26 de febrero por la defensa de los hermanos Peirano Basso, aunque no tiene plazo para hacerlo, ya que para este tipo de pedidos no hay un tiempo límite para el veredicto.
Los nuevos abogados de los banqueros, Diego Camaño y Pablo Donángelo, presentaron un petitorio sobre la base del artículo 17 de la Ley 17.726.
Los abogados pidieron la libertad de los hermanos Peirano Basso al considerar que se venció el plazo razonable para condenarlos.
Además, afirman que ya cumplieron la pena máxima prevista.
Los argumentos de la defensa son los siguientes: fueron procesados con una base jurídica endeble, por una ley que se remite al Código Penal de 1889, relativa a los fraudes por parte de directores de sociedades anónimas, la prolongación excesiva del proceso y la pena ya cumplida por sus clientes en caso de resolverse, ya que de acuerdo a la ley de 1889 se estima un máximo de prisión de dos años.
La justificación de este pedido está fundamentada en el vacío legal existente para condenar actos como los sucedidos en 2002, que obligó a recurrir a una ley del siglo XIX.
Camaño y Donnángelo afirmaron, además, que hay atenuantes para sus defendidos, ya que son primarios, tienen buena conducta y comparecieron ante la Justicia por propia voluntad.
Por otra parte, aclararon que el plazo para decidir la pena ya excedió los límites de lo razonable y el Estado uruguayo tiene, de acuerdo con las legislaciones internacionales, el deber de liberarlos.
En opinión de Carlos Curbelo Tammaro, el anterior abogado de los hermanos Peirano Basso, publicadas el pasado domingo 13 en el diario El País, los banqueros "optaron por acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, haciendo caudal de algunas disposiciones del pacto de San José de Costa Rica, donde se dice que los procesados deben tener sentencia por lo menos a los dos años de transcurrido el período de reclusión. En los hechos, en Uruguay eso tiene una aplicación muy relativa. Pero además, había que insistir en el área de los derechos humanos, que desconozco. Y se debía hacer una referencia a la inhumanidad de la reclusión. Toda privación de libertad es inhumana. Pero entendí que no se podía cargar las tintas en una reclusión que no es privilegiada, así deberían ser todas, pero que tampoco es como en el resto de las cárceles, un lugar de tortura y denigración humana".
Rechazo de magistrados
El juez Pablo Eguren y el fiscal Rafael Ubiría por su parte, rechazaron las imputaciones que se hicieron sobre que durante el proceso penal que se les sigue a los hermanos Peirano Basso se cometieron "arbitrariedades" y que los banqueros están sometidos a un "trato inhumano".
La escribana Alicia Barbani, líder de los ahorristas damnificados por la operativa del grupo Peirano, dijo ayer a LA REPUBLICA que "huele feo este traslado; creo que van a estar un par de meses y luego los van a dejar libres".
Agregó que si eso ocurre "yo voy a escracharlos todos los días, así me lleven presa". Barbani dijo que ya informó de ésta resolución al juez Eguren. *
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